Estudian si normas del ejecutivo son constitucionales

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Sesión del grupo de trabajo de control constitucional de los actos normativos del Poder Ejecutivo, bajo la conducción del congresista Miguel Torres.

Grupo de Trabajo sobre control constitucional de las normas emitidas por el Poder Ejecutivo aprobó plan de trabajo.

El grupo de trabajo encargado del control constitucional sobre los actos normativos del Poder Ejecutivo aprobó hoy viernes 15 su plan de trabajo que, entre sus diferentes puntos, señala que revisará los decretos legislativos, decretos de urgencia y tratados internacionales emitidos por el gobierno.

Así lo informó el coordinador de ese grupo de trabajo, congresista Miguel Torres Morales (FP), quien subrayó que el objetivo del estudio es determinar si se emitieron respetando el marco jurídico establecido por la Constitución Política del Perú.

Respecto de los decretos legislativos, el grupo de trabajo efectuará el control constitucional del pedido de delegación de facultades del Poder ejecutivo, cuidando que las materias solicitadas no sean indelegables y cumplan con los parámetros establecidos en la Carta Política.

El artículo 104 del texto constitucional establece que el Congreso puede delegar al Poder Ejecutivo la facultad de legislar sobre materia específica y por un plazo determinado, siempre que no se trate  de una materia indelegable a la Comisión Permanente, es decir vinculada a una reforma constitucional, a la aprobación de los tratados internacionales, a una ley orgánica, o a la Ley de Presupuesto y la Ley de la Cuenta General de la República, conforme lo establece el artículo 101, numeral 4, de la Constitución.

También estudiará los decretos legislativos a fin de verificar que estos sean expedidos respetando la ley autoritativa emitida por el Congreso de la República.

Decretos de urgencia

Sobre los decretos de urgencia, el grupo de trabajo efectuará un control constitucional siguiendo lo dispuesto por el artículo 91 del Reglamento del Congreso, a efectos de determinar si se cumple con lo establecido en el artículo 118, numeral 19, de la Constitución; es decir, que el decreto contenga una medida extraordinaria en materia económica y financiera, y que responda a un interés nacional. También, dijo,  se verificará los criterios establecidos por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

Tratados internacionales

Con respecto a los tratados internacionales, se realizará un control político de esas normas que son competencia de la Comisión de Constitución y Reglamento, a efecto de verificar que su aprobación cumpla con lo establecido por los artículos 56 y 57 de la Carta Política.

Es decir, que los tratados celebrados o ratificados por el presidente de la República no reduzcan materias relacionadas a derechos humanos, soberanía, dominio o integridad del Estado, defensa nacional o genere obligaciones financiera del Estado, así como que no tengan medidas tributarias de cualquier tipo o exijan modificaciones legislativas para su implementación o ejecución.

Torres Miranda dijo que se emitirá informes específicos por cada norma del Ejecutivo que es remitido por la Comisión de Constitución para el análisis respectivo.

Aprueban preinformes

En la sesión realizada hoy en la sala Gustavo Mohme, el grupo de trabajo aprobó, además, el preinforme de control constitucional respecto a los actos normativos del Poder ejecutivo sobre el Decreto de Urgencia 009-2017, que establece medidas extraordinarias para la atención de poblaciones en situación de vulnerabilidad a través de la entrega de una subvención extraordinaria para usuarios del Programa JUNTOS- “Bono Juntos-Una sola fuerza”, y una subvención extraordinaria para los usuarios del Programa Pensión 65- “Bono Pensión 65-Una sola fuerza”.

También aprobó, por mayoría, el preinforme sobre el decreto de urgencia 011-2017 que dicta medidas extraordinarias para continuar con la revalorización de la profesión docente y la implementación de la Ley de Reforma Magisterial.

Igualmente,  el preinforme sobre el Decreto de Urgencia 012-2017 que dicta medidas extraordinarias para el restablecimiento del servicio educativo a nivel nacional.

El grupo de trabajo también está integrado por los congresistas Vicente Zeballos (PPK) y Javier Velásquez Quesquén (CPA).