Estado no invertiría en poblaciones en zonas de riesgo

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La legisladora Ana María Choquehuanca  (PPK), sustentó el proyecto de su autoría mediante el cual se propone prohibir la ejecución de inversión para la instalación e implementación de servicios públicos permanentes, en zonas de riesgo y muy alto riesgo no mitigable, a fin de evitar futuros daños materiales y no materiales, con pérdidas significativas para la población y el Estado.

En la sesión de la Comisión de Descentralización que preside la legisladora Alejandra Aramayo (FP), Choquehuanca explicó que el objetivo es proteger a las poblaciones ubicadas en áreas de riesgo y de muy alto riesgo y evitar pérdidas a la población y al Estado,  como consecuencia del impacto de fenómenos naturales u otros causados por la actividad humana.

La Inversión Pública orientada a la dotación de servicios de: Electrificación, Salud, Educación, Saneamiento, Viales, arreglos urbanos, otros urbanos, requerirá  necesariamente de la certificación que precise  que las áreas donde se encuentren ubicadas las  ‘Unidades Productoras de Servicios” o las familias que accederán a los servicios, según sea el caso, se encuentren asentadas en zonas exentas de riesgo o de alto riesgo no mitigable.

Para ello las entidades competentes asumirán la responsabilidad funcional por su acción u omisión en el otorgamiento de licencias para la construcción o implementación de proyectos urbanos. La Contraloría, asimismo,  establecerá  sanciones administrativas, civiles y penales según sea el caso.

Municipalidades de centros poblados

Descentralización también continuó con la discusión del proyecto que modifica la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades respecto a las Municipalidades de Centro Poblado.

Los textos propuestos sostienen que Las municipalidades de centros poblados son creadas por ordenanza de la municipalidad provincial correspondiente precisando que el centro poblado de referencia se encuentre en su área de influencia.

Los recursos que se le asignan para el ejercicio de las funciones y la prestación de los servicios públicos que se delega, son  porcentaje del presupuesto institucional.

Para la creación de una municipalidad de centro poblado  se requiere del voto favorable de los dos tercios del número legal de los regidores que integran el Consejo Provincial correspondiente, y la comprobación previa del cumplimiento de requisitos como mil ciudadanos identificados y domiciliados en el centro poblado y sus áreas de influencia lo soliciten.

También, tener una configuración que no se encuentre ubicada dentro del área urbana de la capital del distrito al cual pertenece, así  como informes de las gerencias de Planificación y Presupuesto, de Desarrollo Urbano y Asesoría Jurídica o de quien haga sus veces, de la Municipalidad Provincial y de la Municipalidad Distrital correspondiente, acerca de la delegación y su impacto presupuestal.