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Por irregularidades en obras de mejoramiento vial en el Gobierno Regional de Amazonas.
El congresista Élard Melgar Valdez (FP) denunció la pasividad e inacción de la Controlaría General de la República frente a las irregularidades denunciadas en la ejecución de las obras de mejoramiento vial en el Gobierno Regional de Amazonas. “Una carretera que generaría inicialmente un gasto de 177 millones de soles, pasó a costar más de 190 millones. No se ha concluido y ya se está destruyendo. No hay responsables hasta la fecha, no es posible que las autoridades se presten para la corrupción”, enfatizó.
Estas declaraciones las brindó el legislador de Fuerza Popular durante la sesión del Grupo de trabajo encargado de fiscalizar los procesos de contrataciones de bienes, servicios y obras en los gobiernos regionales.
A esta preocupación se sumó la parlamentaria Jenny Vilcatoma (NA) pues, indicó, la Contraloría no advirtió las serias irregularidades al contrato que incluyen un acuerdo de conciliación totalmente perjudicial para el Estado, poniendo en riesgo el debido uso del erario nacional. “La obra debió concluirse en junio del año 2017 pero no se le impuso penalidades. Más bien, se le benefició con un acuerdo de conciliación. Cuántos millones más va a tener que perder el Estado”, manifestó.
En tanto, el congresista Marco Miyashiro (FP) mostró su pesar por la falta de seguimiento al caso por parte de la Contraloría y el Ministerio Público. “Hay funcionarios con responsabilidad penal, pero no se ha actuado al respecto”.
Al citado grupo de trabajo presidido por Melgar Valdez acudió el gerente regional de control de Amazonas, Manuel Tantaleán Santa Cruz, citado para exponer sobre el informe realizado en torno a las presuntas irregularidades en la ejecución de obras de “Mejoramiento de las vías departamentales Circuito vial II” en el Gobierno Regional de Amazonas.
El representante de Contraloría informó que de las acciones de control ejecutadas en el año 2016 al proyecto mencionado, se determinó la responsabilidad penal de siete funcionarios, así como la responsabilidad administrativa funcional de otros 11. Sin embargo, reveló que desconocía si el personal denunciado continuaba laborando en la institución.
Cabe precisar que el Gobierno Regional de Amazonas canceló por concepto de adelanto directo a solicitud de la empresa consorciada, la suma de 24 mil 170 millones de soles, cuando por normativa aplicable sólo le correspondía un adelanto de 483 mil soles, afectando la transparencia y legalidad del contrato. Además, la obra debió culminarse en junio del año 2017, pero a la fecha continúa inconclusa.
Según la legisladora Yeni Vilcatoma, al parecer habría un contubernio entre el Gobierno Regional de Amazonas, la Contraloría y la empresa consorciada. “Acá hay corrupción. Al parecer existiría una organización criminal”, sentenció.