Control previo de la contraloría en contratos de APP

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Comisión de Fiscalización y Contraloría aprobó esta medidas en salvaguarda de los intereses del Perú y evitar así actos de corrupción.

Lima, 16 marzo 2017 (peruinforma.com).-

Un dictamen del proyecto de ley  para que la Contraloría General de la República haga un informe previo de la versión final de contratos y las modificaciones (adendas) suscritos por el Estado a través de Asociación Público Privada aprobó por mayoría la Comisión de Fiscalización y Contraloría. Esta medida fue adoptada para dar medidas preventivas y correctivas en salvaguarda de los intereses del Perú y evitar así actos de corrupción.

Tal acuerdo fue logrado en la sesión del miércoles 15 bajo la presidencia del congresista de Fuerza Popular, Héctor Becerril. La reunión se realizó en el Hemiciclo Raúl Porras Barrenechea del Palacio Legislativo.

Se trata del proyecto de ley N°27/2016-CG, enviado por la propia Contraloría  en virtud del cual se propone la “Ley de fortalecimiento del control previo de la Contraloría General de la República en los procesos de promoción a la inversión privada”.

Al sustentar el dictamen, el congresista Héctor Becerril Rodríguez (FP) dijo que el informe previo que haría la Contraloría procedería únicamente en aquellos aspectos que comprometen el crédito o la capacidad financiera del Estado, de conformidad con la Ley Orgánica de del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.

En su intervención el congresista Yonhy Lescano Ancieta (AP) dijo que dicho informe debe aplicarse sobre todo acto que se presuma de corrupción o irregular. “Se estaría limitando a la Contraloría, debe aplicarse sobre todo aspecto, no sólo sobre la capacidad financiera”, dijo el legislador; en tanto su colega Gilder Ushñahua Huasanga (FP) opinó que los informes no deben ser sólo previos, sino durante y después.

Los congresistas Edwin Donayre Gotzch (APP) y Justiniano Apaza Ordóñez (FA) coincidieron al opinar  que los informes deben ser vinculantes. En el mismo sentido se pronunció el legislador Mauricio Mulder Bedoya (APRA). “Si a pesar de eso se decide continuar el contrato, se asumen las consecuencias”, remarcó y pidió que se incluya en el texto el agregado sin perjuicio de la responsabilidad a que hubiera lugar.

La propuesta se aplicaría también a las modificaciones contractuales llamadas adendas. “Con las adendas se desnaturaliza el contrato de asociación público privada. De 10 contratos se suscribieron 39 adendas, cuatro por cada contrato y muchas de ellas antes del año”, dijo Becerril Rodríguez (FP).

“A través de las adendas se abre el punto de quiebre entre lo correcto y lo ilegal”, agregó el legislador Marco Miyashiro Arashiro (FP).

OBRAS PÚBLICAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

En otro momento y luego de un breve debate, la comisión aprobó enviar en consulta a la comisión de Constitución y Reglamento el predictamen recaído en los Proyectos de Ley  31/2016-CG y 120/2016-CR, en virtud de los cuales se propone la “Ley que regula la ejecución de obras públicas por administración directa”.

La ejecución de obra pública por administración directa consiste en que la entidad pública ejecuta la obra con su presupuesto asignado, personal técnico-administrativo, infraestructura, equipos o maquinarias.

El proyecto 120/2016 CR, fue sustentado por la congresista Ester Saavedra Vela (FP), quien advirtió que en el dictamen no se incluyó a los Comités de vigilancia de obras. “Esta iniciativa nace por las constantes desilusiones de la población ante obras inconclusas. No son cualquiera, son la sociedad civil”, dijo la legisladora. La propuesta fue enviada a consulta a la comisión parlamentaria respectiva.

CORRUPCIÓN EN TACNA

En otro momento, el congresista Jorge Casto Bravo (FA) sustentó el Informe Final del Grupo de Trabajo encargado de investigar los presuntos actos de corrupción en la región Tacna.

Uno de los casos investigados fue el del Hospital Hipólito Unanue que, según la Contraloría, se habría direccionado el estudio de factibilidad para construir el nosocomio en el mismo terreno que ocupa el actual hospital de sólo  4 hectáreas, desestimando la otra alternativa de un terreno de 7 hectáreas y de menor riesgo sísmico.

“La alternativa elegida estaría afectada de sobrevaloración e implica además un costo adicional superior a los 32 millones de soles”, dijo el parlamentario, al tiempo de advertir un perjuicio económico para el Estado adicional de 25 millones 469 mil 944 soles, en el otorgamiento de la buena pro y durante la etapa de ejecución contractual.

El grupo de trabajo también encontró un presunto tráfico en varios terrenos del Estado con el consecuente perjuicio patrimonial.