Contraloría General presentará proyecto de ley para ejercer facultad sancionadora

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  • Ante fallo del Tribunal Constitucional que libraría de responsabilidad administrativa a cerca de 15 mil funcionarios y servidores públicos

El Contralor General, Nelson Shack, anunció hoy que presentará un proyecto de ley para continuar ejerciendo, en la práctica, la facultad de sancionar a aquellos funcionarios y servidores públicos que incurren en inconducta funcional (infracciones graves y muy graves).

Esta decisión fue adoptada luego de que el Tribunal Constitucional emitiera una sentencia, el pasado 23 de abril del 2019, donde si bien reconoce constitucionalmente la capacidad de sancionar de la Contraloría, declara inconstitucional las conductas infractoras (artículo 46 de la Ley 27785) dejándola sin marco legal para sancionar y limitando su labor.

“Saludamos que el Tribunal Constitucional reconozca la constitucionalidad de la facultad sancionadora de la Contraloría, sin embargo, nos sorprende que a la vez declare inconstitucional las conductas infractoras que motivan la sanción, es decir, aquellas en las que incurren los servidores y funcionarios públicos que contravengan el ordenamiento jurídico administrativo y las normas internas de la entidad a la que pertenecen”, señaló Shack Yalta.

El Contralor General se reunió esta mañana con el Presidente del Congreso, Daniel Salaverry, para que priorice la iniciativa legislativa que presentará en los próximos días, así como también explicarle las consecuencias que tendrá la sentencia del Tribunal Constitucional cuando sea publicada en el diario oficial El Peruano.

“Cuando esta sentencia sea publicada en el diario oficial El Peruano -esta semana fue publicada en su portal web-, la Contraloría General no va a poder sancionar con la suspensión o inhabilitación temporal a los funcionarios y servidores públicos que han incurrido en inconducta funcional. Todas las investigaciones sobre responsabilidades administrativas graves y muy graves identificadas en los informes de control en forma objetiva, imparcial e independiente tendrán ahora que ser derivadas a las mismas entidades para que estas apliquen una sanción a los infractores y todo el Perú sabe que eso, en la práctica, es un engaña muchachos porque entre colegas no se van a sancionar. Si una autoridad contrata a su primo en la entidad y nosotros lo detectamos ¿usted cree que la entidad lo va sancionar?”, argumentó.

Con este fallo del Tribunal Constitucional, se estaría librando de sanción a más de 15 mil funcionarios y servidores públicos, a quienes al mes de abril del 2019 se determinó presunta responsabilidad administrativa PAS y se encuentran en pleno proceso sancionador.

“La capacidad que tenía el Estado, a través de la Contraloría General, de separar temporalmente de la administración pública a los malos funcionarios que estaban haciendo daño al país, se ha perdido hasta que el Congreso de la República apruebe el proyecto de ley que presentaremos para superar este impase”, señaló.

El Contralor anunció que la Contraloría General presentará un proyecto de ley para que el listado de conductas infractoras (que están debidamente tipificadas en el Reglamento aprobado por D.S. N° 023-2011-PCM) tengan rango de ley como lo está solicitando el Tribunal Constitucional, de tal forma que se pueda ejercer su facultad sancionadora, ya que apenas se haga efectiva la sentencia la entidad fiscalizadora quedará sin marco legal para sancionar y, en consecuencia, se limitará su labor.

En ese sentido, el Contralor General lamentó que la sentencia del Tribunal Constitucional no haya previsto “un plazo de adecuación para que aquello que se cuestiona sea corregido sin suspender o dejando un vacío legal respecto de la aplicación de las sanciones”.

Shack Yalta se reunirá mañana con el Presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, donde abordarán el alcance de la sentencia emitida (contenida en el expediente N° 0020-2015-PI/TC). “Desde nuestra perspectiva, las cosas están bastante claras: Por un lado se fortalece la facultad sancionadora, nuestra autonomía e independencia; pero al declarar inconstitucional las conductas infractoras no hay marco legal para sancionar”, concluyó.