Comisión de ética debate expedientes y escucha a Yesenia Ponce

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Sesión de la Comisión de Ética Parlamentaria, bajo la presidencia del congresista Juan Carlos Gonzales Ardiles.

En una maratónica sesión la Comisión de Ética archivó dos denuncias contra los congresistas Juan Carlos Ardiles y Miguel Castro, la primera por falta de pruebas y la segunda por improcedente, y debatió los expedientes de dos audiencias de sendas acusaciones contra los congresistas Dalmiro Palomino y Yesenia Ponce.

La última de las nombradas negó rotundamente las acusaciones en contra de ella formuladas por Aldo Rodríguez Uceda, excolaborador ad honoren que visitaba su despacho.

La congresista Yesenia Ponce (FP) negó en tono rotundo haber entregado diez mil soles a Daniel Soto Rivera, director del colegio Mariscal Toribio de Luzuriaga, para que supuestamente la beneficie con un certificado de estudios.

“Juro por Dios, por mis hijos, por mi familia  que no entregué ningún dinero y que sí estudié. Toda la acusación se basa en un voucher que no está a mi nombre y en hechos que se dice que ocurrieron y en los que puedo demostrar que en esos momentos estuve en el Pleno y también fuera de Lima en la Semana de Representación”, expresó.

La legisladora acusó a Rodríguez Uceda de estar exigiéndole permanentemente que lo conectara con los líderes de su partido  para que lo designen director de EsSalud en Chimbote. Para ese efecto pretendía asesorarla en cambios de look y visitaba su despacho.

Ponce Villarreal dijo haber levantado su estado de cuenta para que se verifique si sacó de ella, en abril,  los diez mil soles que se alude entregó a Soto. “Quiero saber qué mafia está detrás de todo esto”, expresó tras manifestarse triste, humillada y maltratada porque muchos de sus colegas la atacaron sin haberla escuchado.

El congresista Yonhy Lescano (AP) preguntó la razón del porqué no contestó de inmediato a las acusaciones, a lo que Ponce respondió que con la documentación en mano quiso hacerlo primero en la Comisión de Ética.

Antes, presentó su testimonio su acusador Rodríguez Uceda, quien se ratificó en su versión de que Ponce le dio los diez mil soles para Soto, que por cuestiones de tiempo él le encargó a su padre, de 77 años, lo realice en un banco.

Asimismo, sostuvo que los audios de las conversaciones de Ponce Villarreal en reuniones privadas las hizo ella misma y que él las obtuvo por un asistente del despacho de la congresista quien le entregó de mutuo propio en un USB.

La próxima semana se decidirá sobre el caso, después de escuchar en la audiencia pública a las dos partes.

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

Con la conducción del secretario de la comisión, Eloy Narváez (APP) el grupo de trabajo aprobó por mayoría el archivamiento de la denuncia contra el congresista Juan Carlos Gonzales (FP), presidente de la Comisión de Ética por no haberse demostrado la acusación respectiva.

En su descargo, Gonzales Ardiles dijo que en ningún momento recibió alguna dádiva y que en el caso del que se le acusa no se encontraba en el país. “Nunca recibí nada a cambio de beneficiar a alguna persona”, expresó al tiempo de preguntar cuál habría sido el supuesto favor a la congresista Yesenia Ponce, quien habría entregado a su extrabajador dos lapiceros de oro.

“El expediente se desarrolló en la línea de tiempo correspondiente. Qué beneficio hubo, entonces, La información es falsa”, expresó y con ello consideró que no existió ningún favor para un intento de coima.

El parlamentario dijo que antes que salga el informe por un medio televisivo supo del tema y adoptó las medidas correctivas, separando al trabajador Marco Campos, quien habría recibido el regalo.

El congresista Lescano Ancieta pidió que el caso sea investigado por el vicepresidente de la comisión, Wilbert Rozas (FA) por cuestión de trasparecía dado que el titular era el acusado.

Después de escuchar el informe del equipo técnico los congresistas decidieron archivar la denuncia y desestimar la investigación en consideración que los documentos y los hechos también obran en sus despachos para tener opinión sobre el particular.

El congresista Mauricio Mulder (CPA) planteó que el caso de la entrega de dádiva por parte de Ponce Villarreal pase a la comisión para sumar a los que vienen siendo investigados.

CASO CASTRO

La denuncia de apropiación ilícita y  tráfico de influencias contra el congresista Miguel Castro Grández (FP) fue desestimado por improcedente porque quien está incurso en el caso es su padre, quien tiene el mismo nombre y los dos apellidos y demostró ser el dueño de la propiedad.

Asimismo, la acusación de un supuesto tráfico de influencia no pudo darse por cuanto el hecho ocurrió cuando Castro Grández aún no era congresista y la denuncia fue hecha en forma incondicional. El caso fue archivado.

CASO DALMIRO PALOMINO

Acusado de nepotismo por haber contratado a la pareja de su hermano como Asesora I en su despacho, el congresista Dalmiro Palomino (FP) afrontó la denuncia por parte del ciudadano Wilber Aybar Villegas.

Aybar se presentó ante la comisión para acusar al legislador de haber dado trabajo a Melissa Almengor, quien tiene una pequeña hija con Romel Palomino.

El congresista Palomino Ortiz dijo no haber conocido los deslices de su hermano por cuanto él tiene su pareja y dos hijos con ella.

Otra acusación de no haber informado al JNE sobre una sentencia contra el patrimonio en la modalidad de estafa también fue desestimada porque ese órgano electoral establece que no existe ese requerimiento cuando hay de por medio rehabilitación.

Un segundo testigo fue impedido de declarar, Jorge Demetrio Zúñiga Huaita, por no calificar como tal, según la mayoría parlamentaria de la comisión consultada en votación.

CASO ARIMBORGO

Puesto al debate la acusación de Nélida Tasayco de Castillo contra la congresista Betty Ananculi Gómez (FP) por supuestamente haber mentido en su hoja de vida con relación a sus estudios superiores, se consideró que por cuestiones de procedimiento será visto la próxima semana.

Empero, de acuerdo al informe técnico, en dos casos anteriores la denuncia fue archivada y que no existe ningún cambio sustancial para reabrir el caso, por lo que se considera que es improcedente.