Comedores populares se convertirían en unidades productivas

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Se busca conocer si cuota laboral para la discapacidad se cumple

La Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, hoy presidida por el legislador Luis Yika García (FP), aprobó el proyecto de Ley (Nº959/2016CR) que promueve a los comedores populares como unidades productivas.

La legisladora Alejandra Aramayo (FP) autora de dicha iniciativa, sostuvo que los comedores populares tuvieron su inicio y razón de ser en un contexto político y social diferente de nuestro país que hoy está en crecimiento.

Sin embargo, los comedores populares  se han quedado  estacionados en el tiempo y las mujeres que allí laboran merecen insertarse en  actividades rentables,  con desarrollo de sus  capacidades competitivas. Mediante esta iniciativa se busca  prepararlas en artesanías,  bordados, preparación de alimentos para vender;  ellas serán generadoras de empleo y el Estado  certificará su labor, explicó.

El proyecto plantea que los gobiernos regionales, locales y cualquier otra entidad pública articulen con los comedores populares para que los servicios programados del Estado vinculados a la productividad, el micro emprendimiento, la garantía de derechos e inclusión social, estén adecuadamente dirigidos en unidades productivas, protectores y facilitadores de la inclusión social y aliados centrales de la comunidad.

Los gobiernos locales tendrán la posibilidad de certificar las labores realizadas por los beneficiarios de los comedores populares, lo que servirá de sustento para acreditar experiencia al postular a una plaza de trabajo.

Los beneficiarios de comedores populares tendrán un nivel de acceso idóneo a servicios relacionados con bolsas de trabajo y accesos a empleo; vacunación, nutrición y controles de salud que realizan las postas; asistencia legal gratuita, servicios de cuidado diurno, prevención y atención en casos de violencia contra la mujer y micro emprendimiento.

Mecanismos de fiscalización para cuotas laborales por la discapacidad

El legislador Clayton Galván (FP), sustentó su Proyecto de ley (Nº 1460) mediante el cual propone potenciar los mecanismos de fiscalización para el cumplimiento de las cuotas de contratación de personas con discapacidad en el sector privado y público.

El objetivo es que se imponga la ‘obligatoriedad’  del Ministerio de Trabajo con el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS) y ambos remitan semestralmente un informe al Congreso de la República que permitirá conocer si las entidades del sector privado están cumpliendo con el 3% y las públicas con el 5% de personas con discapacidad en sus planas laborales.

La iniciativa también sostiene que las multas por el incumplimiento de la cuota de empleo de personas con discapacidad en el sector público, definidas en la Ley General de las Personas con Discapacidad,  se destinaran a financiar programas de formación laboral y actualización, así como programas de colocación de empleo, debiendo también remitirse  semestralmente un informe  de su aplicación al Congreso de la República.

La legisladora Yesenia Ponce (FP), sugirió que las penas contempladas para las instituciones que no cumplan con las cuotas laborales, debería alcanzar también a los funcionarios titulares así como a sus gerentes de personal que  no ejecuten con cabalidad la ley, llegando  a la destitución de estos.