CCL alerta pérdida superior a 50 mil empleos formales por decreto supremo

0
237

El presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Mario Mongilardi Fuchs, invoca al Ejecutivo a modificar inmediatamente el Decreto de Urgencia N° 003, y solicita establecer un mecanismo de protección financiera para el Estado, a fin de evitar un daño irreparable a la economía. A la fecha se han perdido más de 50.000 puestos de trabajo formales, y se han paralizado obras por un monto superior a los S/ 30.000 millones.

El decreto en mención vence el 13 de febrero y paraliza las transferencias de empresas vinculadas al caso Lava Jato para garantizar el pago de la reparación civil.

El empresario precisó que el resultado de la aplicación del DU N° 003, tal y como está emitido, lo único que ha generado es que las obras se encuentren prácticamente paralizadas, habiéndose perdido importantes puestos de trabajo y que las empresas involucradas no puedan cumplir las obligaciones pendientes con sus proveedores. “De no haber cambios drásticos en la normatividad, estas empresas van directo a la quiebra, con lo cual las obras quedarán inconclusas, y el Estado no podrá cobrar las penalidades. Con esta situación todos perdemos”, acotó.

A pocas semanas del vencimiento del DU N°003, es imperiosa la necesidad de establecer un mecanismo financiero, a fin de no paralizar las obras en ejecución y proteger la reparación civil para el Estado por los actos de corrupción que se hayan generado, como producto de las licitaciones y la ejecución de obras que llevan a cabo las empresas constructoras y sus consorciadas. El empresario remarcó que “esta propuesta se hace con el único objetivo de coadyuvar a la sostenibilidad económica y cautelar los intereses del Estado en el marco de la Constitución y las leyes”.

Actualmente, quienes tienen que aplicar este Decreto de Urgencia no están cumpliendo con lo establecido en dicho dispositivo, en la medida que los proveedores, que tienen que cobrar por los servicios que brindan a las empresas que actualmente vienen siendo involucradas e investigadas en procesos de corrupción, no están cobrando a tiempo por los bienes o servicios contratados.