Hecho ocurrieron en Huancavelica durante periodo de violencia política
Seis meses después de que la Corte Suprema separara a los jueces del caso por falta de imparcialidad, se programó para mañana el inicio del nuevo juicio oral por el caso Manta y Vilca.
Por este caso, el Ministerio Público ha acusado a catorce militares (uno de los cuales es procesado aparte, por haber sido menor de edad al ocurrir los hechos) por violación sexual en agravio de nueve mujeres de las comunidades Manta y Vilca, ubicadas al norte de Huancavelica, entre 1984 y 1991.
Algunas de las víctimas eran menores de edad cuando fueron violadas por los militares de la base contrasubversiva de la zona, según la acusación fiscal. Demus y el Instituto de Defensa Legal (IDL) tienen a su cargo la defensa de las denunciantes.
Para Carlos Rivera, abogado del IDL, se trata de un caso emblemático en cuanto a crímenes sexuales durante la violencia política.
“La (denuncia) de la CVR fue una suerte de revelación: no solo se habían cometido desapariciones forzadas, tortura, asesinatos u otros crímenes, sino que, en ambos bandos, se había utilizado la práctica de la violación sexual como una estrategia de guerra”, comentó Rivera en declaraciones a la Agencia Andina.
Largo camino
El caso fue expuesto por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) el 2003 con 35 denuncias ocurridas entre 1985 y 1994. El 2004, los hechos fueron presentados a la Fiscalía de Huancavelica, que investigó y denunció, después de cuatro años, la violación sexual contra nueve mujeres.
El caso llegó al Poder Judicial en abril del 2009 y el 2014 terminó la etapa de investigación de instrucción en el ámbito judicial. La fiscalía presentó la acusación en 2015.
El juicio comenzó el 2016 en la Sala Penal Nacional y duró dos años. Para IDL y Demus, fue cuestionable el desempeño del tribunal presidido por la magistrada Elizabeth Pérez.
“El manejo de la relación con las víctimas, el tipo de pruebas admitidas, si los testigos podían o no hablar del contexto del crimen o referirse exclusivamente a los acontecimientos del hecho criminal en sí mismo, dio cuenta de una absoluta incomprensión de cómo debería juzgarse y dirigirse un caso de derechos humanos.”, refiere Rivera.
El tribunal se apartó del caso por una decisión de la Corte Suprema, que revocó un fallo inicial de la sala de desestimar la recusación presentada por la defensa, y por una segunda recusación aceptada tras el destape de los audios que involucraron a la magistrada Elizabeth Pérez con los “Cuellos Blancos del Puerto”.
Expectativa
Para Cynthia Silva, abogada del caso por Demus, en este nuevo proceso se buscará que desde el comienzo se pueda contar con una voluntad expresa de la sala de respetar los derechos de víctimas e imputados.
“La experiencia del juicio anterior ha sido de vulneración de derechos, las víctimas han sido sometidas a un trato revictimizador y de discriminación. Este es un caso emblemático porque es uno de los pocos que ha sido judicializado y porque es parte de la historia del conflicto armado interno de nuestro país”, explicó a la Agencia Andina.
En la misma línea, Rivera señaló dijo esperar que la sala actúe de forma imparcial y “ello permita un nivel de actuación probatoria de acuerdo a la naturaleza del crimen, pues el elemento del contexto social no puede ser desconocido por los jueces”.
Los militares acusados son Rufino Rivera Quispe, Vicente Yance Collahuacho, Epifanio Quiñones Loyola, Sabido Valentín Ruti, Amador Gutiérrez Lizarbe, Julio Meza García, Pedro Pérez López, Martín Sierra Gabriel, Gabriel Carrasco Vásquez, Lorenzo Inga Romero, Raúl Pinto Ramos, Dionisio Álvaro Pérez, Diomedes Gutiérrez Herrera y Arturo Simarra García.
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Aunque las víctimas de delitos sexuales pueden solicitar audiencias privadas sí así lo desean, las denunciantes del caso Manta y Vilca han decidido que el juicio tenga exposición pública.
“Esto se pide con el fin de que pueda haber una vigilancia ciudadana, un seguimiento del caso”, refiere Silva.
“Las señoras decidieron que querían que el juicio sea público porque quieren que esto se conozca, que la opinión pública sepa que este tipo de crímenes se perpetraron y cómo ocurrieron, y esa es una de las cosas que mañana queremos plantear ante el tribunal”, sostuvo Rivera.
Demus ha convocado, a traves de Facebook, a un plantón mañana a las 9 a. m. frente a la Sala Pena Nacional.
polencia sexual en cifras
Según el informe final de la CVR, durante la etapa de violencia política ocurrieron violaciones de derechos humanos como la violación sexual, desnudos forzados, prostitución forzada, uniones forzadas, esclavitud sexual y abortos forzados. Fueron 527 casos de esta naturaleza los reportados en mujeres y 11 en varones.
Sin embargo, según el Registro Único de Víctimas del Consejo de Reparaciones del Ministerio de Justicia, Demus señala que existen 4,567 víctimas solo de violaciones sexuales durante el periodo de violencia política, y más de 1,500 víctimas de otras formas de violencia sexual.
(Fuente: Andina)
