Los congresistas Armando Villanueva Mercado (AP) y Mauricio Mulder Bedoya (CPA), presentaron el martes 14 en la Comisión de Constitución sus respectivas propuestas para modificar el pedido de cuestión de confianza por el presidente del Consejo de Ministros.
Villanueva propone modificar los artículos 132, 133 y 134 de la Constitución Política (Capítulo VI de las Relaciones con el Poder Legislativo). El primero de ellos se refiere al voto de censura de un ministro. La norma actual señala que para su aprobación se requiere del voto de la mitad más uno del número legal de congresistas. Propone elevarlo a no menos de 2/3 de números de congresistas hábiles.
La reforma del artículo 133 plantea que la cuestión de confianza solicitada por el presidente del consejo de ministros debe referirse solamente a la política de gobierno y precisa que no se aplica en casos de solidaridad del jefe del gabinete hacia algunos de sus miembros.
De igual forma, limita la actuación de un ministro y señala que si éste es censurado no puede ser nombrado en otro cargo durante el resto del periodo de gobierno.
Y en lo que respecta al artículo 134 de la Carta Política, Villanueva propone que el presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si este fuese censurado o negado su confianza a tres consejos de ministros y no a dos, como es actualmente.
Villanueva Mercado dijo que su propuesta está destinada a defender los fueros parlamentarios y a que se mantenga el equilibrio de poderes.
Por su parte Mulder propone el desarrollo constitucional del pedido de la cuestión de confianza, para lo cual se modificaría el artículo 86º del Reglamento del Congreso. Explicó que es opuesto a que en un nuevo gabinete permanezcan sus mismos integrantes y que el voto de censura debe llevar al cambio total del gabinete. “Solo en ese momento el presidente de la República puede hablar de una crisis ministerial”, comentó.
Para el parlamentario, existirá crisis ministerial si se censura a todo el gabinete y se cambia a todos sus componentes, pero si el presidente decide ratificar a alguno de ellos o cambiarlos de sector, habrá una crisis parcial.
También propuso que el pedido de una cuestión de confianza que plantee el presidente del gabinete requiera del voto aprobatorio de la mayoría de sus miembros y conste en acta, como lo establece el artículo 126º de la Constitución Política a los acuerdos ministeriales.
Sobre el tema, el congresista Gilbert Violeta dijo que las propuestas de cambio deberían ser a la Constitución, mientras que Javier Velásquez Quesquén opinó que se trata de solucionar un vacío constitucional, no de una reforma a la Carta Política. En el pedido de la cuestión de confianza, dijo, hay un lado obligatorio (que lo establece la CP) y uno voluntario, que es para impedir la interpelación, como lo hizo el exministro Fernando Zavala. Comentó que no se debe desnaturalizar la cuestión de confianza porque puede afectar el equilibrio entre los poderes.
Por su parte, el congresista Héctor Becerril (FP) expresó su posición a favor de la propuesta y expresó que “no es racional” que porque dos presidentes de ministros no reciban el voto de confianza se cierre el Congreso.
Vicente Zeballos dijo que era válida la posición adoptada por la jefa del gabinete Mercedes Aráoz de haber mantenido en el nuevo gabinete a algunos de los miembros del gabinete anterior; mientras que Marisa Glave opinó que hay que tener cuidado cómo se plantean estos cambios durante el debate.
Previamente a este tema, la presidenta de la Comisión, Úrsula Letona, anunció que se reiterará el pedido de asistencia a los ministros Enrique Mendoza, de Justicia; y de Economía, Claudia Cooper, para que informen sobre la implementación y ejecución de lo dispuesto por el DU 003-2017. Ellos habían sido invitados para asistir esta mañana.
Control constitucional
Como último tema de agenda, el congresista Miguel Torres, coordinador del Grupo de trabajo de Control Constitucional, presentó tres informes en los cuales expresa que el Protocolo 166, el Convenio 167 y el DU 013-2017 (sobre proyectos de vivienda de interés social) cumplen con los requisitos constitucionales. Se aprobó por unanimidad