Los congresistas miembros de la Comisión de Constitución lograron el consenso en cuanto a tipificar como delito la donación de dinero ilegal proveniente de fuentes personales, personas jurídicas o de instituciones u organizaciones extranjeras a los partidos políticos, sin una previa bancarización y topes que serán establecidos en la ley electoral.
Al respecto, en la sesión extraordinaria del viernes 4, se escucharon dos iniciativas que fueron expuestas por sus autoras, las congresistas Marisol Espinoza (APP) y Marisa Glave (NP).
El proyecto de ley de Espinoza Cruz modifica la Ley de Organizaciones Políticas 28094 y el artículo 756B del Título XII del Código Penal, para contribuir a la transparencia en el financiamiento de los partidos y establecer sanciones a los que donan y reciben ingresos de dinero ilegal.
Así, se establece el que recibe o se beneficie de aportes y/o ingresos de cualquier tipo de financiamiento proveniente de fuente prohibida, será reprimido con penas no menor de un año ni mayor de cinco.
Mario Mantilla felicitó la iniciativa, pero expresó algunas diferencias sobre la fuente de ingresos. Opinó que todo lo que recibe un partido u organización política debería ser declarado y preguntó cómo se puede saber si un aporte ha sido de buena fe o proviene de fuente prohibida. Propuso que se fije plazos para que los partidos informen sobre los ingresos y gastos.
Por su parte, el congresista Yonhy Lescano sostuvo que los insumos para el debate sobre la ley de partidos deberían ser los temas que elaboró el Grupo de trabajo encargado de proponer un Código Electoral, que presidió la congresista Patricia Donayre, y empezar por la Ley Electoral para evitar que las actividades ilícitas contribuyan a la elección de autoridades.
La iniciativa de la congresista Marisa Glave amplió la anterior propuesta. Propone “fortalecer las organizaciones políticas y prevenir la infiltración de dinero ilícito en dichas organizaciones” (proyecto de ley 2270/2017-CR), modificando varios artículos de la Ley de Organizaciones Políticas e incorpora dos artículos al Código Penal que se refieren al financiamiento ilegal de partidos políticos.
Explicó que el proyecto de ley se centra, principalmente, en la franja electoral, la eliminación del requisito de firmas de adherentes y el financiamiento ilegal.
Glave sostuvo que ha quedado claro que con dinero ilegal los partidos políticos pueden inscribirse y gastar en publicidad sin tope alguno. Solo en el año 2016 se gastó 67 millones 500 mil soles en publicidad, de los cuales 52 millones se destinó a la televisión.
Propuso que se prohíba la contratación privada de publicidad, que se haga en forma directa y que se modifique la franja electoral. El gasto límite de las campañas, dijo, no debe ser mayor a 400 UIT (un millón 600 mil soles).
Asimismo, penas efectivas por percibir ingresos provenientes de fuentes ilícitas, como ya se establecido en México, Italia, España y en otros países.
En el debate, la congresista Luz Salgado dijo que se trataba de un tema importante y expresó su acuerdo en disminuir los gastos de publicidad. Dijo que el Estado debe financiar a los partidos políticos. Pidió que se informe cuántas licencias de funcionamiento de radioemisoras se han dado en los últimos diez años, especialmente en provincias. Las radios aumentan sus ingresos considerablemente en las campañas electorales, explicó.
Lourdes Alcorta, a su vez, dijo que se debe “bancarizar” hasta el último centavo los aportes financieros y se opuso a que funcionen partidos políticos como “vientres de alquiler” para otras organizaciones y a que haya aportes de Estado a Estado durante el proceso electoral.
Con matices, coincidieron en estas medidas los congresistas Lescano, Miguel Torres, Mario Mantilla (propuso que se penalice por no informar sobre los ingresos, hasta la inhabilitación de los partidos), Alberto Quintanilla y Úrsula Letona: pidió que se sea cuidadoso con la tipificación de los delitos; Mauricio Mulder y Gloria Montenegro, quien luego expuso su iniciativa legislativa sobre modificaciones al Sistema Nacional de Control.
La Comisión aprobó finalmente una cuestión previa (de Vicente Zeballos) para que se acumulen dos proyectos de ley –uno del Poder Ejecutivo y el otro de la misma comisión) a la iniciativa aprobada ayer –en primera votación- por el Pleno sobre que los condenados por delitos de corrupción no podrán ingresar a laborar en la administración pública.